Bogotá, 10 sep (Prensa Latina) Políticos, activistas de los derechos humanos y población en general de Colombia rechazan hoy la masacre cometida por la policía en Bogotá y exigen una reforma urgente a ese cuerpo.
Ayer, en el Día Nacional de los Derechos Humanos fueron asesinadas siete personas a causa de las agresiones por parte de la Policía de Colombia, denunció Luis Alberto Albán, representante a la Cámara del Congreso por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
El legislador envió sus condolencias y solidaridad a familia y amigos y exigió por medio de su cuenta en Twitter no más abusos policiales en esta nación y recalcó que los jóvenes merecen transitar por el camino de la paz.
Por su parte, David Racero, representante a la Cámara por el Movimiento Mais, hizo un llamado a congresistas para trabajar y sacar adelante una reforma constitucional mediante la que se elimine el fuero penal a miembros de la Policía de Colombia que, como órgano civil, debe estar bajo justicia ordinaria.
El defensor de los derechos humanos Alirio Uribe señaló al presidente del país, Iván Duque, que justificar los siete muertos y los más de 100 heridos civiles en las protestas no le hace bien a la democracia porque 'son crímenes de Estado por lo que deben salir comandantes y cambiar al ministro'.
Menos optimista, la exsenadora Piedad Córdoba recalcó que las autoridades del país dirán que tomarán medidas de fondo, nombrarán comisión de alto nivel, declamarán discursos retóricos, harán reformas cosméticas y publicarán fotos de policías con perros y niños, pero –enfatizó- no habrá una reforma de fondo en la Policía.
El senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, precisó que la cifra oficial de asesinados en Bogotá se eleva a ocho con Javier Ordoñez, al tiempo que los seguidores del expresidente Álvaro Uribe tratarán de culparlo por denunciar la realidad.
'Han construido una política de seguridad basada en la muerte, han llevado a la policía a ser fuerza letal y no civil y han llevado el país a una dictadura', recalcó Petro.
Este miércoles y hasta la madrugada de hoy, numerosas protestas fueron reprimidas brutalmente en esta capital mientras la población rechazaba el asesinato de Javier Ordóñez, dedicado a conducir un taxi para llevar el sustento a su familia.
Estaba por graduarse como abogado y tenía estudios de areonáutica, pero murió tras un violento operativo policial luego de ser inmovilizado por dos uniformados que le aplicaron descargas con una pistola eléctrica.
Aunque Ordóñez les pedía detenerse y algunos vecinos trataban de intervenir, los dos agentes continuaron con su accionar hasta que el hombre, de 46 años, presentó problemas de salud y tuvo que ser trasladado a la Clínica Santa María del Lago, donde falleció.
