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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Estados Unidos aumentó el miércoles las presiones contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a cuatro mexicanos que fueron identificados como miembros de la organización criminal que es responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.

A dos días del primer encuentro en la capital mexicana del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) entre las autoridades de Estados Unidos y México, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que fueron designados como narcotraficantes los integrantes del CJNG Aldrin Miguel Jarquin, José Jesús Jarquin, César Enrique Díaz De León Sauceda y Fernando Zagal Anton, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

Con esta decisión las autoridades prohíben toda transacción de estadounidenses o personas dentro de los Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés de los cuatro mexicanos designados.

Los cuatro sancionados son señalados de manejar las operaciones del CJNG a través del puerto de Manzanillo en el estado occidental de Colima, y sus alrededores.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses el referido puerto, ubicado en las costas del Pacífico, sirve de importante puerta de entrada para la cocaína colombiana y los precursores químicos importados de Asia, incluidos los que se utilizan para sintetizar el fentanilo para su distribución hacía los Estados Unidos.

La OFAC indicó que la acción contra los cuatro miembros del CJNG se logró gracias a un trabajo conjunto entre la oficina, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) y la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF).

Al referirse a las operaciones de la CJNG la directora de la OFAC, Andrea Gacki, dijo en el comunicado que el éxito de la organización criminal, que es considerada como la de mayor expansión en México, se debe en parte a “su influencia en lugares estratégicos como Manzanillo”.

La UIF confirmó en un comunicado el bloqueo en México de las cuentas de los cuatro integrantes de la CJNG luego que la OFAC anunció las sanciones. El jefe de la UIF, Santiago Nieto, indicó que seguirán trabajando de forma coordinada con las autoridades estadounidenses para combatir el lavado de dinero generado por el crimen organizado.

Hace seis meses la OFAC sancionó a Carlos Andrés Rivera, alias “La firma”, y a Francisco Javier Gudiño, alias “La gallina”, quienes son identificados como dos altos mandos del CJNG. Rivera y Gudiño fueron acusados de haber ayudado a orquestar asesinatos.

Como parte de las sanciones la OFAC les bloqueó el acceso al sistema financiero estadounidense y congeló cualquier activo que tengan en ese país.

La OFAC ha ejecutado 15 acciones contra el CJNG desde hace seis años entre las que se incluye el líder de la organización, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por su rol significativo en el tráfico internacional de drogas. Las autoridades estadounidenses han ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y procesamiento de Oseguera Cervantes.

El mes pasado la OFAC también sancionó al mexicano Sergio Valenzuela al identificarlo como narcotraficante de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

Valenzuela, quien está radicado en el estado norteño de Sonora, es señalado de ser el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa y supervisar un importante corredor de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

El secretario de Estado, Antony Blinken, arribará el viernes a la Ciudad de México acompañado del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y el fiscal general, Merrick Garland, para participar junto a las autoridades mexicanas en el encuentro del DANS.

Sobre las propuestas que se llevarán al encuentro el canciller Marcelo Ebrard adelantó la víspera que México propondrá un cambio en la política de seguridad para dejar atrás la Iniciativa Mérida, de combate al narcotráfico y al crimen organizado, y exigirá reciprocidad en el control de tráfico de armas, la asistencia jurídica y las extradiciones.


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