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LANSING, MICHIGAN (EVH/AP) - El Senado de Michigan aprobó el jueves un proyecto de ley que reformaría el sistema de justicia penal del estado al limitar los encarcelamientos innecesarios y permitir a las fuerzas del orden más discreción en el manejo de los arrestos.

Un proyecto de ley se enfoca en mantener fuera de la cárcel a aquellos con infracciones menores, como no comparecer ante el tribunal, eliminando la sentencia mínima obligatoria en ciertos casos. También permitiría a las fuerzas del orden emitir una citación y liberar de la custodia a una persona que haya sido arrestada sin una orden judicial por un delito menor o una infracción de ordenanza. A los acusados ​​que no se presenten a una audiencia judicial por primera vez en su caso se les permitiría comparecer voluntariamente durante 48 horas sin que se emita una orden judicial si se cumplen ciertas condiciones.

Las repercusiones por no comparecer son una carga pesada para muchos, dijo la senadora Sylvia Santana, quien patrocinó la legislación. La Legislatura ha escuchado durante dos años a los funcionarios de la cárcel y otras personas involucradas en la justicia penal sobre ineficiencias y deficiencias. "Estábamos encerrando a personas por infracciones menores como no comparecer ... y debido a eso, la gente estaba perdiendo la estabilidad económica", dijo la demócrata de Detroit. “Hoy, estamos aprovechando la oportunidad para hacer lo correcto y además de eso, asegurarnos de que no estamos usando dólares y recursos innecesariamente”.

Si hay motivos razonables para utilizar sentencias que no sean de cárcel, como multas o servicio comunitario para delitos menores, el tribunal tomaría la ruta sin prisión, según el proyecto de ley.

Los acusados ​​que hayan completado la mitad de su libertad condicional serían elegibles para el alta anticipada según la legislación. La imposibilidad de pagar los honorarios y multas en su período de prueba no los haría inelegibles si hubiera esfuerzos de buena fe para pagar. El otro proyecto de ley aprobado por el Senado busca proteger a los menores.

La legislación requeriría que un tribunal notifique de inmediato al departamento de salud del estado cuando un menor es detenido por violar ciertas órdenes judiciales. Dentro de las 24 horas posteriores a la detención de un menor en un centro seguro, ese centro deberá garantizar que un profesional de salud mental entreviste al menor para averiguar sus necesidades inmediatas y presentar una evaluación al tribunal dentro de las 48 horas.

Ya no se permitiría a los tribunales ordenar que un niño que se escapó de su hogar sea puesto bajo custodia antes de obtener una audiencia. Se requeriría que los tribunales celebren una audiencia para determinar si un menor violó una orden judicial y dónde ubicar al menor.

 

 


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