Por BOBBY CAINA CALVAN

La ciudad de Nueva York, un imán histórico para la inmigración, está a punto de convertirse en uno de los lugares más grandes de Estados Unidos que concede el derecho a votar en elecciones locales a personas sin ciudadanía estadounidense.

Casi uno de cada nueve de los 7 millones de habitantes de la ciudad en edad de votar son personas sin ciudadanía pero con documentos legales de residencia. Un proyecto de ley a punto de aprobarse permitiría que unos 800,000 inmigrantes votaran en las elecciones para elegir al alcalde de la ciudad, concejales y otros funcionarios municipales.

Los inmigrantes seguirán sin poder votar al presidente del país o a congresistas de puestos federales, ni tampoco en las elecciones estatales para elegir al gobernador, jueces y legisladores.

La ley enfrenta pocos obstáculos. La medida tiene un amplio apoyo dentro del Consejo Municipal, que se espera ratifique la medida el jueves. El alcalde, Bill de Blasio, ha expresado sus reservas sobre lo acertado y la legalidad del proyecto, pero dijo que no lo vetaría.

La ley daría una voz electoral a los muchos neoyorquinos que aman la ciudad y la han convertido en su hogar permanente, pero que no pueden conseguir la ciudadanía con facilidad o prefieren conservar la ciudadanía de sus países de origen por distintos motivos.

También cubriría a los “dreamers”, jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de niños, como Eva Santos, de 32 años, a la que sus padres llevaron al país con 11 años como inmigrante sin permiso de residencia. A diferencia de sus amigos, cuando cumplió 18 años ella no pudo votar ni ir a la universidad.

“Fue muy duro para mí ver cómo mis otros amigos pudieron tomar decisiones sobre su futuro, y yo no podía”, dijo Santos, que ahora es organizadora comunitaria.

Más de una docena de comunidades de Estados Unidos ya permiten votar a los inmigrantes sin ciudadanía, incluidas 11 poblaciones en Maryland y dos en Vermont.

A través de un referendo ratificado por los votantes en 2016, San Francisco empezó a permitir que las personas sin ciudadanía votaran en elecciones a juntas escolares, algo que también ocurría en la Ciudad de Nueva York hasta que se abolieron esas juntas en 2002 y se traspasó la autoridad sobre las escuelas al alcalde.

La iniciativa en la ciudad de Nueva York, controlada por demócratas, contrasta con las restricciones que se están aplicando en algunos estados, donde los republicanos han enarbolado afirmaciones sin pruebas de fraude generalizado por parte de inmigrantes sin ciudadanía en elecciones federales.

Los votantes en Alabama, Colorado y Florida ratificaron el año pasado medidas que especificaban que sólo los ciudadanos estadounidenses podían votar. Se sumaban así a Arizona y Dakota del Norte para adoptar normas que prevenían intentos de aprobar normas como la que se está considerando en la ciudad de Nueva York.

“Creo que hay gente en nuestra sociedad que se va a dormir con tanto miedo de los inmigrantes que intenta elaborar un argumento para desestimar su derecho a elegir a sus líderes locales”, dijo el concejal neoyorquino Ydanis Rodriguez, nacido en República Dominicana y que no pudo votar hasta que se convirtió en ciudadano estadounidense por naturalización.

“Esto se trata de si vivimos en la ciudad de Nueva York, contribuimos a la ciudad de Nueva York y pagamos impuestos en la ciudad de Nueva York”, dijo Rodriguez, que es demócrata.

De Blasio, sin embargo, ha cuestionado si la medida resistiría una impugnación legal. La ley federal permite que estados y gobiernos locales decidan quién puede votar en sus elecciones. Pero algunos, como el alcalde, han expresado su preocupación sobre si los legisladores deberían actuar primero para conceder a la ciudad la autoridad de extender el derecho al voto a personas sin ciudadanía.

“Miren, obviamente hay un argumento: Queremos que la gente se implique, queremos oír la voz de la gente”, dijo De Blasio hace poco en el programa televisivo de noticias “Inside City Hall”.

“Todavía me preocupa. La ciudadanía tiene un valor extraordinario. La gente trabaja muy duro para conseguirla”, dijo. “En todos los buenos aspectos, necesitamos que la gente quiera conseguir la ciudadanía”.

El líder de la minoría en el Consejo Municipal, Joseph Borelli, un republicano de Staten Island, dijo que sin duda la medida terminaría ante los tribunales.

“Devalúa la ciudadanía, y la ciudadanía es el estándar por el que la constitución del estado concede o permite el sufragio en las elecciones del estado de Nueva York a todos los niveles”, dijo Borelli.

La propuesta permitiría que las personas que hayan sido residentes permanentes legales de la ciudad durante al menos 30 días y las personas con autorización para trabajar en Estados Unidos, incluidos algunos de los llamados “dreamers”, ayuden a elegir al alcalde, concejales, presidentes de barrio, auditores y defensores del público.

La ley ordenaría a la Junta de Elecciones que presente un plan de implementación para julio, incluidas normas de registro de votantes y cláusulas que crearían urnas separadas en comicios municipales para impedir que los inmigrantes sin ciudadanía votaran en elecciones federales y estatales. Las personas sin ciudadanía no podrían votar hasta 2023.

Dar el derecho al voto a los inmigrantes sin ciudadanía les daría poder para convertirse en una fuerza política que no puede ignorarse, dijo Anu Joshi, vicepresidente de política de la Coalición de Inmigración de Nueva York.

La Ciudad de Nueva York, con más de 3 millones de residentes nacidos en el extranjero, sería una buena base para un movimiento nacional para expandir los derechos de voto de los inmigrantes, dijo Ron Hayduk, ahora profesor de políticas en la Universidad Estatal de San Francisco pero que pasó años en Nueva York inmerso en el movimiento en favor del derecho a voto de las personas sin ciudadanía.

“Nueva York, hogar de la Estatua de la Libertad y la Isla Ellis, se enorgullece de ser el lugar de la inmigración”, señaló. “De modo que está esta cuestión sobre cuál es el lugar de los inmigrantes en nuestra ciudad. ¿Son neoyorquinos de verdad, son neoyorquinos plenos en el sentido de optar y merecer el poder del voto y dar forma a su futuro político?”.

La respuesta, afirmó, debería ser un “rotundo sí”.

Por COREY WILLIAMS

PONTIAC, Michigan (AP) — Una tercera parte investigará los eventos ocurridos previo a un tiroteo en la escuela secundaria de Oxford que dejó a cuatro estudiantes sin vida y a otros seis y a una profesora con heridas, informó el superintendente del distrito escolar de Michigan.

Tim Throne, superintendente de las escuelas de la comunidad de Oxford, indicó en un comunicado que pidió la investigación externa debido a que los padres de familia han realizado preguntas sobre “la versión de la escuela sobre los eventos previos al tiroteo”. También comentó sobre las interacciones con el estudiante antes del incidente.

“Es muy importante para las víctimas, nuestro personal y toda nuestra comunidad que se rindan cuentas de forma completa y transparente”, comentó Throne.

Sus comentarios se produjeron después de una conferencia de prensa el viernes de la fiscal del condado de Oakland Karen McDonald en la que se detallaron numerosas señales de advertencia del estudiante acusado del tiroteo: Su búsqueda de munición para armas en un teléfono móvil, y un dibujo que mostraba una bala con las palabras “sangre por todas partes” por encima de una persona aparentemente baleada junto con las palabras “mi vida es inútil” y “el mundo está muerto.”

“Por supuesto, él no debió de haber regresado a ese salón de clases... Creo que es una posición universal. No voy a reprender ni atacar, pero sí”, dijo McDonald. Cuando se le preguntó si los directivos de la escuela podrían ser acusados, respondió: “La investigación está en curso”.

El martes en la escuela, ubicada a unos 50 kilómetros (30 millas) al norte de Detroit, el estudiante fue enviado de regreso al aula luego de una reunión entre las autoridades escolares y sus padres. Tres horas después, perpetró el tiroteo.

“La escuela debería haber sido responsable de pasar eso a las autoridades. Parece que esto se pudo haber evitado”, señaló Robert Jordan, fundador y director de la organización Protecting Our Students, con sede en San Luis, el viernes. “Gente murió por esos errores”.

OXFORD TOWNSHIP, Michigan, EE.UU. (AP) — La fiscal que lleva el caso contra el estudiante acusado del tiroteo mortal en su escuela de Michigan la semana pasada y que tomó la inusual medida de acusar a los padres del menor, dejó abierta el lunes la posibilidad de que las autoridades escolares también pudieran enfrentar cargos al considerar que “mucho se podría haber hecho diferente”.

La fiscal del condado Oakland, Karen McDonald, declaró que los hallazgos de la investigación determinarán si las autoridades escolares serán acusadas por el ataque del 30 de noviembre en la Escuela Secundaria Oxford.

La funcionaria señaló que tres horas antes de que Ethan Crumbley abriera fuego, matando a cuatro compañeros e hiriendo a otros seis y a un maestro, el joven de 15 años fue enviado de regreso a clases después de una reunión entre los consejeros escolares y sus padres sobre un dibujo que un maestro encontró en el escritorio del alumno que incluía una bala y la frase “sangre por todas partes”.

“En este caso, se podrían haber hecho muchas cosas diferentes. Me refiero a que en esa reunión se le permitió volver a la escuela”, dijo McDonald el lunes durante una entrevista en el programa “Good Morning America” de la cadena ABC.

“Sabemos que o tenía esa arma con él o que la pudo guardar en algún lugar en la escuela. Pero la tenía en la escuela, no hay duda. Y dejar la decisión a los padres sobre si se va a casa o no... ”, agregó, sin terminar la frase.

Tim Throne, superintendente del distrito escolar Oxford, aseveró que Crumbley y sus padres se reunieron con consejeros el día del tiroteo. Agregó que los consejeros encontraron al adolescente “tranquilo” y no creían que haría daño a otros.

A los padres, Jennifer y James Crumbley, se les pidió que llevaran a su hijo a casa, pero “se negaron rotundamente”, recalcó Throne.

Ethan Crumbley está acusado como adulto de asesinato, terrorismo y otros delitos, mientras que sus padres están acusados de homicidio involuntario por no intervenir el día de la tragedia a pesar de verse confrontados con el dibujo y su perturbador mensaje.

McDonald afirmó el lunes que los Crumbley no mencionaron durante la reunión en la escuela que su hijo tenía acceso a una pistola semiautomática de 9 mm. Las autoridades dicen que Ethan usó el arma para llevar a cabo el ataque y que su padre se la compró en una tienda de armas local el viernes pasado como regalo anticipado de Navidad. Aunque el arma se vendió legalmente a James Crumbley, los menores en Michigan no pueden poseer armas salvo en situaciones limitadas, como cuando cazan con un adulto.

Por MARK SHERMAN y JESSICA GRESKO

WASHINGTON (AP) — En el mayor desafío al derecho al aborto en décadas, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos dejó entrever el miércoles que permitirá a los estados prohibir el aborto en etapas mucho más tempranas del embarazo y que incluso podría anular el derecho nacional que ha existido desde hace casi 50 años.

Mientras centenares de manifestantes afuera del edificio coreaban lemas a favor y en contra, los jueces dieron los argumentos que podrían decidir la suerte de la histórica decisión de la Corte de 1973 en el caso Roe vs. Wade que despenalizó el aborto en todo Estados Unidos y el fallo de 1992 en el caso Planned Parenthood vs. Casey, que ratificó la Roe vs. Wade.

Posiblemente el resultado se conozca hasta junio del año próximo, pero después de casi dos horas de argumentaciones, los seis jueces conservadores, entre ellos tres nombrados por el otrora presidente Donald Trump, indicaron que defenderían una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo.

Por lo menos esa decisión socavaría los casos de Roe y Casey, que permiten a los estados regular pero no prohibir el aborto hasta la viabilidad fetal, aproximadamente a las 24 semanas.

También hubo apoyo importante de los jueces conservadores a revocar los fallos de Roe y Casey. La jueza Clarence Thomas es la única integrante de la Corte que ha solicitado abiertamente la anulación de ambos casos.

El juez Brett Kavanaugh, nombrado por Trump, preguntó si la Corte haría bien en sustraerse totalmente del tema del aborto y permitir que los estados decidan.

“¿Por qué debería esta corte ser el árbitro en lugar del Congreso, las legislaturas estatales, las cortes supremas estatales, que son las personas capaces de resolver esto?, preguntó Kavanaugh. “Habrá respuestas distintas en Mississippi y Nueva York, respuestas distintas en Alabama que en California”.

El aborto se volvería pronto ilegal o sujeto a restricciones severas en la mitad de los estados si se revocaran los fallos de Roe y Casey, según el Instituto Guttmacher, un centro de investigaciones que apoya el derecho al aborto.

Las legislaturas de varios estados gobernados por republicanos se aprestan a actuar de acuerdo con el fallo de la Corte. El miércoles, la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito anuló fallos previos que habían bloqueado una ley en Tennessee que incluía prohibir la interrupción del embarazo cuando se detectara el ritmo cardíaco del feto —aproximadamente a las seis semanas— y ordenó una nueva audiencia en el pleno de la Corte.

Las personas no blancas y de menos recursos resultarían perjudicadas desproporcionadamente, dijeron simpatizantes del derecho al aborto.

Los tres jueces centroizquierdistas de la Corte expresaron que revertir los fallos en los casos de Roe y Casey perjudicaría en forma importante la propia legitimidad del máximo tribunal.

“¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto crea en la percepción pública de que la Constitución y su interpretación son meros actos políticos?”, preguntó la jueza Sonia Sotomayor.

En términos inusualmente enérgicos para un argumento de la Corte Suprema, el juez Stephen Breyer advirtió a sus colegas que “más vale que estén completamente seguros” antes de desechar las decisiones establecidas sobre el aborto.

Según diversas encuestas públicas, persiste el apoyo de los estadounidenses al fallo en el caso de Roe, aunque otras muestran respaldo a que haya más restricciones al aborto.

Entre los conservadores, el juez presidente John Roberts parecía el más interesado en un fallo menos radical que respete la ley de Mississippi, pero sin revocar explícitamente los fallos de Roe y Casey.

“Eso quizá sea lo que están solicitando, pero el punto en cuestión ante nosotros hoy son las 15 semanas”, declaró Roberts en alusión a la exigencia de Mississippi de que se anulen los casos más generales y que se respete su propia ley.

Más de 90% de los abortos se efectúan en las primeras 13 semanas de embarazo, mucho antes de la viabilidad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), que tienen carácter federal.

Alrededor de 100 mujeres al año interrumpen sus embarazos después de las 15 semanas en la única clínica para abortos en Mississippi, la Jackson Women’s Health Organization. La clínica no efectúa abortos después de las 16 semanas de embarazo.

Incluso respetar la prohibición de las 15 semanas implicaría rechazar la línea de la viabilidad establecida hace décadas. Los partidarios del derecho al aborto aseguran que esa situación anularía efectivamente el fallo sobre Roe y no dejaría ninguna línea de principio para cuando se puedan prohibir los abortos.

El juez Neil Gorsuch, también nombrado por Trump, dejó entrever que la falta de una alternativa rigurosa podría ser una razón para anular totalmente los fallos de Roe y Casey.

“Usted enfatizó que, si se aprobaran las 15 semanas, entonces tendríamos casos a las 12 y 10 y 8 y 6 y por ello mi pregunta es, hay alguna línea que el gobierno crea que pudiera ser la referencia o no”, preguntó Gorsuch a la fiscal general Elizabeth Prelogar, la abogada del gobierno del presidente Biden que apoya a la clínica en Mississippi.