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LIMA (AP) — El Congreso peruano debate el lunes un pedido de la oposición para destituir al presidente Pedro Castillo por presunta incapacidad moral permanente.

Castillo irá a defenderse al Legislativo, donde leerá un discurso. La sesión empezará a las 15 (4:00 PM ET) y luego se iniciará un debate que finalizará con una votación. Se necesitan al menos 87 de los 130 congresistas para remover al mandatario pero no está claro si se alcanzará ese número.

El presidente dijo de forma breve a la televisión pública mientras visitaba una escuela local que esperaba “cerrar la página” en su confrontación con el Parlamento para “seguir trabajando juntos”.

El gobierno invitó a tres funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para presenciar el debate que debe realizarse con “la mayor transparencia” porque es clave “para la gobernabilidad del país y para la preservación y plena vigencia de la democracia en el continente”.

Se desconoce si el Parlamento dejará ingresar por la tarde a los funcionarios de la OEA.

Esta es la segunda ocasión en que el Legislativo busca destituir al mandatario. En diciembre no obtuvo la cantidad de votos requerida.

Los legisladores que buscan destituir a Castillo alegan que el presidente tiene tres investigaciones por corrupción y la acusación de una aspirante a colaboradora que lo señaló de presuntamente integrar un grupo criminal que recibe dinero a cambio de obras públicas. Castillo ha negado todas las acusaciones.

La incapacidad moral permanente es una cláusula incorporada hace más de 180 años en las leyes constitucionales peruanas y “no tiene una definición objetiva”, según los expertos. En el siglo XIX significaba “locura”, pero ahora muchos la relacionan con la corrupción.

Desde 2017 el Parlamento han usado seis veces la causal de “incapacidad moral permanente” para intentar remover presidentes, contribuyendo a la inestabilidad política.

Desde 2016 Perú ha tenido cinco mandatarios y tres Parlamentos, cuando lo normal hubiese sido dos presidentes y dos Congresos. En noviembre de 2020 el país tuvo tres mandatarios durante poco más de una semana en medio de confrontaciones que provocaron dos muertos y más de 200 heridos.

El Parlamento y Castillo son impopulares en Perú, aunque la desaprobación del Congreso es mayor. Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en febrero por el diario La República, indica que el Parlamento tiene 82% de desaprobación, mientras que Castillo alcanza 63% de impopularidad.

Castillo inició su gobierno el 28 de julio de 2021.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, inaugurará el lunes uno de sus emblemáticos proyectos de infraestructura, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el cual refleja los contrastes y contradicciones de su administración.

La austeridad del gobierno —la principal promesa de campaña de López Obrador— se exhibe plenamente en la terminal, así como su acostumbrada dependencia excesiva en el Ejército mexicano.

Pero también hay afirmaciones gubernamentales ampliamente ridiculizadas sobre cuánto tardarán los pasajeros en llegar a la nueva terminal, ubicada a 43 kilómetros (27 millas) del centro de la ciudad, y reiteradas quejas del presidente de que hay una conspiración en la prensa para mancillar su nuevo aeropuerto, que lleva el nombre, por supuesto, del general Felipe Ángeles.

El presidente ve en el nuevo aeropuerto un símbolo de su batalla crepuscular contra el privilegio, el conservadurismo y la ostentación, cosas que él desprecia.

López Obrador canceló un costoso proyecto vanguardista iniciado por su predecesor sobre un pantano en el extremo este de la ciudad, mucho más cerca del centro, y decidió construir el nuevo aeropuerto en suelo más firme hacia el norte. Se proyecta que este costará 4.100 millones de dólares, lo que, según López Obrador, representa un ahorro en comparación con el proyecto que iba a estar en el sitio pantanoso.

El nuevo aeropuerto funcionará en conjunto con el aeropuerto existente de la Ciudad de México.

López Obrador se ve a sí mismo como líder de una “transformación” histórica e irreversible de México, y ha recurrido a proyectos de construcción —y al Ejército— para proteger ese legado.

“López Obrador, por esa prisa revolucionaria, esa prisa de entregar lo que ofrecían en seis años, lo cual es obviamente imposible, ha hecho casi todo de manera improvisada”, opinó el analista político José Antonio Crespo. “Varias veces ha dicho eso no es un cambio de gobierno, es una revolución”, agregó.

Cuando el Tren Maya se topó con problemas —los ingenieros descubrieron que no podían construir un tramo elevado a lo largo de la costa del Caribe porque significaría cerrar la única carretera de la región— simplemente comenzaron a atravesar la selva. Nunca se elaboró una declaración integral de impacto ambiental o un plan de factibilidad para el proyecto. Nadie sabe cuántos turistas realmente lo usarán.

La prisa por completar proyectos antes de que finalice el mandato de un político no es poco común en México, pero ha resultado peligrosa en el pasado. El actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, apresuró en 2012 la finalización de una línea del Metro antes de dejar el cargo de jefe de gobierno (alcalde). Una sección elevada de esa línea del Metro colapsó debido a defectos de construcción en 2021, matando a 26 personas.

Hasta el momento se han programado pocos vuelos para el nuevo aeropuerto y aún no se han construido enlaces viales.

López Obrador ha desestimado las preocupaciones sobre la viabilidad y la rentabilidad de la nueva terminal. Está tan alejado del centro de la ciudad que las principales aerolíneas internacionales lo han evitado. Hasta el momento, el único vuelo internacional está a cargo de una aerolínea venezolana que está bajo sanciones de Estados Unidos y solo viaja a Caracas.

La mayoría de las decisiones del presidente sobre dónde y qué construir parecen ser muy personales. Para justificarlas, ha realizado “referendos” a los que solamente asiste un número relativamente pequeño de votantes, principalmente sus partidarios.

El gobierno afirma que la gente tardará nada más una hora y media en llegar a la nueva terminal desde el sur de la megalópolis. Eso puede ser cierto si las avenidas están despejadas, pero las calles normalmente enredadas podrían convertir eso en un viaje impredecible de dos horas y media, más que algunos de los vuelos nacionales.

José Antonio López Meza, consultor de ingeniería que ha visitado la nueva terminal, dice esta es “de difícil acceso todavía y lo sabemos. Es muy largo el trayecto, dos horas al hilo, saliendo de Polanco”, una zona más cercana al centro.

Quizás para compensar, el gobierno de López Obrador ha manipulado las reglas.

La administración cambió las reglas que generalmente requieren que los pasajeros se presenten dos horas antes de un vuelo nacional y tres horas antes de un vuelo internacional. En la terminal de Felipe Ángeles, solo se requerirá que se presenten una o dos horas antes de esos vuelos.

López Meza, el ingeniero, dice que el Ejército ha hecho un buen trabajo construyendo la nueva terminal en solo un par de años y acepta el argumento de López Obrador en contra del antiguo proyecto.

“Este aeropuerto es más austero. Sí el otro iba a ser algo muy lujoso, muy bonito, muy vistoso, pero como ingeniero puedo decir que en la zona donde se iba a construir era un error… se iba a hundir”.

“Es bueno que (el nuevo aeropuerto) sea más barato y funcional”, dijo. “No quiero un aeropuerto lujoso y bonito. La verdad es que las condiciones de mi país y de nuestra gente no son las adecuadas para el aeropuerto que iban a construir”.

SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado de El Salvador declaró culpables de diversos delitos a 42 miembros de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, que operan en el centro histórico de la capital. A uno de los cabecillas le impuso 472 años de prisión, informó el martes el Ministerio Público.

La unidad especializada de delitos de extorsión y crimen organizado de la Fiscalía General dijo que se logró que los 42 pandilleros del Barrio 18 recibieran sentencias máximas por diversos delitos cometidos en perjuicio de trabajadores y empresas del centro de la capital salvadoreña.

Entre las condenas también se destaca la sentencia de 27 años de prisión para Norma Aliviana Aguirre, líder de la Organización de Vendedoras Independientes, por su vinculación con el grupo criminal, siendo quien se encargaba de coordinar y recoger el dinero de las extorsiones a los vendedores y comerciantes de la zona.

Aguirre está señalada por los delitos de casos especiales de lavado de dinero por fondos extraídos a vendedores informales y fondos del bono de 300 dólares que el gobierno entregó en el marco de la pandemia para dárselos a los pandilleros

Según la información oficial, al cabecilla del Barrio 18, identificado como Miguel Ángel Morales Flores, alias “Dasen”, le impusieron 472 años de prisión por los delitos de proposición y conspiración de homicidio, extorsión agravada en 28 víctimas, desaparición de personas, limitación ilegal de la libre circulación y agrupaciones ilícitas.

Manuel de Jesús Velásquez, alias “Manolo”, cabecilla local de la pandilla, fue sentenciado a 405 años de cárcel por los delitos de homicidio, proposición o conspiración en el delito de tráfico de drogas, extorsión agravada, limitación ilegal de la libre circulación y agrupaciones solicitas

Jonathan Gilberto Torres Muñoz fue condenado a 100 años de prisión y el resto recibió condenas que van desde los nueve a los 95 años.

Para el caso del cabecilla con el alias “Dasen”, la pena cárcel se elevó hasta los 472 años al sumar todos los delitos por los que fue procesado, sin embargo, según la Constitución, la sentencia para “penas principales” será de un máximo de 60 años de cárcel.

Las llamadas maras o pandillas están involucradas en narcotráfico y crimen organizado, pero además extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte, y asesinan a los que se niegan a pagar, según las autoridades.

En agosto de 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) y la pandilla Barrio 18 y a cualquier otra organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito y soberanía del Estado. La Sala, en su sentencia, también declaró terroristas a los “jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas” de las pandillas.

En, 2012 el gobierno de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales.

Después que asumió el poder el 1 de junio de 2019, el presidente Nayib Bukele ordenó endurecer las medidas de seguridad y extender indefinidamente el estado de emergencia en las cárceles y anunció el despliegue de fuerzas combinadas de la policía y de la fuerza armada para perseguir a los pandilleros.

LIMA (AP) — Al menos 15 personas estaban reportadas como desaparecidas el martes luego que la ladera de un cerro se derrumbó sobre varias casas sepultándolas tras intensas lluvias en los Andes de Perú, informaron las autoridades.

El ministro de Defensa, José Gavidia, dijo a la prensa que alrededor de 15 casas se encontraban cubiertas de lodo y piedras, mientras que ocho personas fueron rescatadas. “La forma cómo ha crecido esta localidad en una quebrada, es una bomba de tiempo”, dijo.

Las calles están llenas de personas producto de las actividades mineras, mientras la edificación de las casas ha sido en forma desordenada, añadió el ministro, y describió que el principal problema fue convencer a personas de viviendas cercanas para que abandonen la zona.

Videos difundidos por televisoras locales mostraban a los vecinos mientras rescataban a sus familiares rompiendo las muros de varias casas. En uno se observaba cómo dos hombres salían por el agujero de una pared.

Por ahora las autoridades no han informado víctimas mortales en Parcoy, un distrito donde por siglos se ha extraído oro ubicado en la región La Libertad, 455 kilómetros al noreste de Lima.

Las casas arrasadas por la masa de barro y piedras habían sido construidas en la ladera del cerro La Esperanza, que se derrumbó luego de que la ciudad soportó el lunes toda una jornada de lluvias.

Los Andes de Perú soportan una etapa de intensas lluvias.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La actividad del Volcán de Fuego en Guatemala, que forzó la evacuación voluntaria de unas 500 personas, disminuyó drásticamente el martes y finalizó su fase eruptiva aunque se mantiene la alarma porque continúa la caída de ceniza.

Según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, (Insivumeh ) en un boletín, los estudios reflejan que al alrededor de las tres de la mañana del martes empezó a disminuir la amplitud sísmica del volcán y empezaba la tendencia a mantenerse cerca de la línea de actividad base del coloso.

“Los sensores sísmicos y acústicos confirman que la actividad que persiste en el cráter son explosiones y retumbos débiles que aun generan algunas avalanchas principalmente hacia las barrancas Ceniza y Seca”, dijo el Instituto, por lo que no se descartan nuevos flujos de lava hacia las barrancas del volcán.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres dijo que alrededor de 500 personas de comunidades asentadas en las faldas del volcán fueron evacuadas durante la noche y la madrugada. Aún se analiza el retorno a sus viviendas o su permanencia en albergues.

El Volcán de Fuego tiene una altitud de 3.763 metros sobre el nivel del mar y es uno de los tres activos del país. Está situado entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, en la región central de Guatemala.

En junio de 2018 el volcán hizo erupción, sepultando varias localidades y dejando más de 300 muertos. Cientos de personas más desaparecieron.

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