ULTIMAS NOTICIAS

WASHINGTON (AP) — Las autoridades confiscaron armas en puestos de control de los aeropuertos de Estados Unidos a tasas récord el año pasado a pesar de la fuerte caída de viajeros debido a la pandemia de coronavirus.

La Agencia de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) dijo el martes que sus agentes hallaron 3.257 armas de fuego en el equipaje de a bordo de los pasajeros en 2020, unas 10 por cada millón de viajeros. El 83% de las armas estaban cargadas.

En 2019, los agentes hallaron cinco armas por cada millón de pasajeros. Sin embargo, dado que hubo 500 millones de pasajeros más, aparecieron 4.432 armas ese año, una cifra récord.

Los agentes decomisaron 220 armas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, 176 en el de Dallas/Fort Worth, 126 en el de Houston, 126 en el de Phoenix y 104 en el de Denver.

La ley federal prohíbe a los pasajeros, salvo ciertos agentes de seguridad, portar armas o municiones en la cabina. Pueden llevarlas en la bodega siempre que estén descargadas y en cajas cerradas.

Las aerolíneas no están obligadas a permitir el transporte de armas incluso en la bodega. Todas las principales aerolíneas estadounidenses las prohibieron en vuelos a la zona de Washington durante una semana después del asalto al Capitolio el 6 de enero por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump. Esas prohibiciones caducaron tres días después de la investidura del presidente Joe Biden.

WASHINGTON (AP) — Los sospechosos no trataron de pasar inadvertidos, precisamente.

“ESTE SOY YO”, dijo un individuo en un post en Instagram, con el emoji de una mano apuntando hacia sí mismo en una foto de la violenta toma del Congreso de Estados Unidos. “Siiii, tomamos el Capitolio. jajaja”, escribió una mujer ya adentro del edificio. “Solo quería incriminarme un poco jajaja”, afirmó otro en un selfie tomado durante los disturbios del 6 de enero que publicó en Facebook.

Decenas de partidarios de Donald Trump que participaron en la insurrección se vanagloriaron de ello en las redes sociales. Algunos aparentemente se dieron cuenta de que tal vez no era lo indicado y eliminaron sus comentarios, videos y fotos, solo para descubrir que amigos y familiares tenían copias y se las habían pasado al FBI.

Su inocencia y la actitud de sus amigos permitió a las autoridades encausar a unas 150 personas hasta el lunes, acusadas de delitos federales. Las imágenes de los propios insurrectos, no obstante, no alcanzan y las autoridades deben trabajar diligentemente para demostrar que participaron en actos de vandalismo.

Dado que hubo muy pocos arrestos el día de los incidentes, el FBI y otros servicios están rastreando a los sospechosos donde sea que viven.

“El que te hayas ido de Washington no quiere decir que no te vamos a golpear la puerta si participaste en actividades delictivas adentro del Congreso”, advirtió Steven D’Antuono, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Washington. “El FBI no escatima recursos en esta investigación”.

El FBI recibió más de 200.000 fotos y videos sobre los disturbios y está buscando a una cantidad de gente. Usando datos aportados por compañeros de trabajo, conocidos y amigos, los agentes cotejan fotos de las licencias de conducir con las de los sublevados filmados por las cámaras del Congreso. En algunos casos consiguen material de Facebook y Twitter que les permite conectar sus cuentas en las redes sociales con sus correos electrónicos o números de teléfono. En otros, usan registros de los lectores de placas para confirmar sus desplazamientos.

Se cree que más de 800 personas ingresaron al Capitolio, aunque es probable que no todas sean identificadas y acusadas de delitos. Los fiscales federales están enfocándose en los casos más graves.

Un grupo especial de fiscales está decidiendo si acusar a los sospechosos de sedición, un delito que conlleva hasta 20 años de cárcel. Un trío fue acusado de conspiración, pero la mayoría deben responder a delitos menos graves como ingreso ilegal y alteración del orden público.

Varios insurrectos publicaron selfies de ellos adentro del Congreso en sus cuentas en las redes sociales, ofrecieron entrevistas en las que describieron sus experiencias y admitieron de buena gana haber estado allí al ser interrogados por los investigadores. Un individuo publicó un álbum en Facebook titulado “¿La casa de quién? NUESTRA CASA”, lleno de fotos suyas y de otros en el Capitolio, según las autoridades.

“Tal vez pensaron, como tanta gente que trabaja para Trump, que si el presidente les dice que hagan algo, no es ilegal”, expresó Michael Gerhardt, experto en juicios políticos y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte.

Otros se equivocaron feo, como el policía de Houston que negó haber estado en el Congreso y después permitió que los agentes viesen las fotos de su teléfono. En el archivo de cosas eliminadas había fotos y videos, incluidos selfies que se tomó adentro del Congreso según las autoridades. Un hombre que también ingresó al edificio llevaba un monitor que permite rastrear sus movimientos tras ser condenado por un robo.

Un bombero retirado de Long Island, Nueva York, envió al hermano de su novia un mensaje de texto con un video que lo muestra afuera del Capitolio, en el que dijo que era “la punta de lanza” de la toma del Congreso. El hermano de la novia era un agente del Departamento de Seguridad Diplomática y envió de inmediato el video al FBI. Un abogado del individuo, Thomas Fee, dijo que “no trató de tomar el Capitolio” y que simplemente “entró por una puerta abierta, nada más”.

En otro caso, un individuo que se iba de Washington en avión dos días después de la toma se la pasaba gritando “¡Trump 2020!” y fue bajado del avión. Hizo una reserva en otro vuelo y, mientras esperaba, un agente lo reconoció en una foto de Instagram y fue detenido. Lucía la misma camisa que llevaba el día de los disturbios, de acuerdo con las autoridades.

Los abogados de los insurrectos dicen que las imágenes que ellos mismos tomaron y difundieron son un problema.

“No soy mago”, dijo el abogado del individuo que fue fotografiado llevándose un atril de la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi. “Hay una foto de nuestro cliente en lo que parece el interior de un edificio federal o del Capitolio, con artículos del gobierno”.

La policía del Capitolio no estaba preparada para hacer frente a un ataque de esa magnitud y fue desbordada por los manifestantes que ingresaron al Congreso y se pasearon por allí algunas horas mientras los legisladores se escondían. Cinco personas murieron en los incidentes, incluido un policía.

Trump será sometido a un juicio político, acusado de “incitar la violencia contra el gobierno de Estados Unidos”.

SAN DIEGO (AP) — Durante las últimas semanas del gobierno de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional firmó discretamente acuerdos con al menos cuatro estados que amenazan con descarrilar temporalmente los planes del presidente Joe Biden para deshacer las políticas migratorias de su predecesor.

Tales acuerdos dicen que Arizona, Indiana, Luisiana y Texas tienen derecho a un periodo de consultas de 180 días antes de que entre en vigor cualquier cambio en políticas del poder ejecutivo. El gobierno de Biden rechaza ese argumento sobre la base de que la inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal, como señala la Constitución.

Trump se apoyó fuertemente en su poder ejecutivo para impulsar su agenda migratoria porque fue incapaz de generar suficiente apoyo en el Congreso para sus políticas. Ahora, algunos de sus partidarios dicen que Biden se extralimita al usar la misma estrategia para revertir las medidas.

La primera prueba legal es en Texas, donde el gobernador y el fiscal general estatal están impugnando la moratoria de 100 días ordenada por el presidente demócrata a las deportaciones, que entró en vigor el viernes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) les dijo a los legisladores poco antes de la investidura de Biden la semana pasada que llegó a nueve acuerdos, la mayoría de ellos con estados, según un funcionario del Congreso que habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre información que aún no está disponible públicamente.

El DHS declinó comentar al respecto, bajo el argumento de que hay una demanda en curso. El gobierno de Trump, usualmente ansioso por pregonar sus acciones para controlar la inmigración, guardó silencio sobre los acuerdos, cuya existencia fue reportada en primera instancia por BuzzFeed News.

Los acuerdos de nueve páginas, conocidos como Promulgación de Santuario para los Estadounidenses Primero (SAFE, por sus siglas en inglés), son de amplio calado. Requieren que los gobiernos estatales y locales dispongan de un período de 180 días para comentar sobre cambios en el número de agentes de inmigración y el número de personas puestas en libertad tras estar bajo custodia de las autoridades migratorias, así como las prioridades para aplicación de la ley, los criterios para otorgar asilo y quién cumple los requisitos para recibir estatus legal.

Sin ofrecer evidencia, los acuerdos señalan que relajar la aplicación de la ley puede afectar la educación, los servicios médicos, la vivienda y los empleos.

El comisario Sam Page del condado Rockingham, Carolina del Norte, en la frontera con Virginia, firmó un acuerdo el 22 de diciembre.

“Cualquier gobierno entrante probablemente haga cambios de políticas”, señaló el sheriff. “Los cambios de políticas a nivel federal nos afectan a nivel local. Estamos esperanzados en que el acuerdo SAFE fomente la comunicación oportuna en torno a cualquier cambio de política significativo en el futuro. Simplemente solicitamos se nos avise de estos cambios”.

El secretario de Justicia de Luisiana, el republicano Jeff Landry, firmó un acuerdo el 15 de diciembre para “poner freno a la ola de inmigración ilegal”, dijo el portavoz Cory Dennis.

“Aunque algunos podrían intentar difuminar las diferencias, hay una diferencia entre la inmigración legal y la ilegal, y es importante reconocerlo”, manifestó. “Nuestra fiscalía seguirá siendo un organismo de vigilancia para cualquier cambio a las políticas de inmigración que pudiera ser perjudicial para el pueblo de Luisiana”.

En Indiana, el exsecretario de Justicia estatal Curtis Hill, también un republicano, firmó el acuerdo el 22 de diciembre. Rachel Hoffmeyer, portavoz del gobernador Eric Holcomb, dijo que se mantendrá vigente tras una primera revisión.

Katie Conner, portavoz del secretario de Justicia de Arizona, Mark Brnovich, confirmó que el estado es signatario del acuerdo, y dijo que éste “tiene numerosos acuerdos de cooperación con agencias policiales a nivel federal, estatal y local, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional”.

Además de la moratoria a las deportaciones, el gobierno de Biden suspendió una política para hacer que los solicitantes de asilo aguarden en México a que los convoquen para audiencias en una corte migratoria estadounidense. Seis de las 17 órdenes ejecutivas que el mandatario promulgó en su primer día en el puesto tenían que ver con la inmigración, tales como suspender los trabajos en el muro fronterizo y cancelar la prohibición a la entrada de personas provenientes de varios países de población predominantemente musulmana.

Hiroshi Motomura, profesor de leyes y políticas migratorias en la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, consideró que los acuerdos son “algo muy inusual, como de último momento”, y dijo que generan interrogantes sobre cómo un gobierno puede atarle las manos a su sucesor. Él cree que una moratoria a la deportación está dentro de las facultades de un presidente.

Steve Legomsky, profesor emérito de la Escuela de Leyes de la Universidad Washington y exabogado en jefe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, dijo que los acuerdos son una “idea terrible” que podría crear una competencia en la que los estados que se oponen a la inmigración compitan entre sí para ahuyentar a los inmigrantes hacia otra parte.

“Durante toda nuestra historia se ha entendido que la política de inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal”, señaló Legomsky.

El mantener la aplicación de las leyes de inmigración dentro de la esfera del gobierno federal le permite a la nación hablar con una sola voz en lo relativo a la política exterior, agregó Legomsky. No “podemos tener 50 juegos de leyes migratorias contrapuestas operando al mismo tiempo”, indicó.

El gobierno de Biden presentó argumentos similares en un documento presentado ante la corte el domingo después de que Texas le pidió a un juez federal que bloqueara la moratoria a la deportación.

Texas, que ha encabezado una impugnación al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia —el cual protege a cientos de miles de jóvenes de la deportación_, alegó que la moratoria viola su acuerdo con el DHS. El estado también argumentó que la moratoria viola los procedimientos federales para elaborar normas.

El juez federal de distrito Drew Tipton en Victoria, Texas, designado al puesto por Trump el año pasado, sostuvo audiencias el viernes y el lunes para examinar la solicitud de Texas.

NUEVA YORK (AP) — Aprobar una reforma migratoria que allane el camino a la ciudadanía estadounidense para 11 millones de inmigrantes sin autorización podría lograrse este año aunque no será fácil debido al legado “racista” dejado por el expresidente Donald Trump, dijo el lunes la veterana activista de derechos civiles Dolores Huerta.

En una entrevista telefónica con The Associated Press, Huerta destacó que ahora es necesario educar al público estadounidense sobre los méritos de los inmigrantes y desmantelar el trabajo de Trump. Para aprobar una reforma migratoria en Estados Unidos habrá que recordar imágenes impactantes, como las de la separación de padres e hijos migrantes en la frontera sur estadounidense durante la presidencia de Trump, indicó.

“Creo que (Trump) fue mucho más lejos de lo que la gente esperaba”, dijo Huerta. “Cuando uno ve esas imágenes, no creo que haya nadie con una mente sana que apoyase la separación de familias. Y creo que eso marcará la diferencia (para la reforma migratoria)”.

“Aún creo que la mayoría de los estadounidenses son gente con buen corazón y con una buena mentalidad. Cuando vean que la lucha (para la reforma migratoria) es justa, se unirán a la causa”, dijo Huerta.

El proyecto de ley migratoria que Biden ha enviado al Congreso demoraría la obtención de la ciudadanía en sólo tres años para algunos inmigrantes y hasta ocho para otros. La propuesta facilitaría que cientos trabajadores se queden en el país de forma temporal o permanente, concedería ayudas al desarrollo a países de Centroamérica con la esperanza de reducir la inmigración y reforzaría la tecnología de control fronterizo.

El proyecto de ley —que ha fracasado anteriormente en el Congreso— llega tras la salida de Trump, que impuso duras políticas para frenar la llegada de inmigrantes no autorizados a Estados Unidos. En 2018 la administración Trump lanzó una política de tolerancia cero para procesar como criminales a los migrantes adultos que entraban ilegalmente a través de la frontera con México. Por esa decisión miles de padres fueron separados de sus hijos y se generó una fuerte ola de críticas a nivel internacional. Poco después Trump dio marcha atrás con la separación familiar.

Huerta, nacida en el estado de Nuevo México, está considerada como un símbolo de la lucha de los trabajadores inmigrantes, sobre todo de los que trabajan en el campo. Junto al activista de derechos civiles César Chávez, Huerta co-fundó la organización conocida hoy como United Farm Workers. Hoy en día es la presidenta de la Fundación Dolores Huerta.

La activista aseguró ser optimista respecto a la aprobación de la propuesta migratoria en el Congreso, a pesar de la fuerte división entre demócratas y republicanos que existe en éste.

“Creo que fue muy valiente por parte de Biden tomar un paso tan decisivo de forma inmediata tras asumir la presidencia”, indicó. “Creo que (Biden) envía un mensaje muy claro de que él no va a hablar de lo que hará sino que ya lo está haciendo”.

Las campañas que se lanzan ahora por parte de activistas a favor de una reforma van a tener mucho trabajo por delante, dijo Huerta, quien destacó que deben tratar de demostrar que los inmigrantes contribuyen mucho a la sociedad.

“Es necesario educar al público estadounidense y hacerle entender que los inmigrantes son trabajadores esenciales y que debemos cuidarlos”, dijo.

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden se enfrenta al riesgo político que conlleva una gran ambición.

Como una de sus primeras medidas, Biden ofreció la semana pasada una extensa reforma inmigratoria que allanaría el camino a la ciudadanía estadounidense a un estimado de 11 millones de personas que están en Estados Unidos sin autorización. También modificaría cláusulas para eliminar algunas de las duras políticas aprobadas por el presidente Donald Trump, como la de intentar acabar con la protección para inmigrantes traídos a Estados Unidos siendo niños y la de restringir el asilo.

Es precisamente el tipo de acciones que los activistas latinos han deseado, particularmente después de la dura estrategia de la época de Trump. Pero debe competir con los otros objetivos legislativos prometidos por Biden, incluido un plan de 1,9 billones de dólares para combatir el coronavirus, un paquete de infraestructura que promueve iniciativas de energía limpia y una “opción pública” para expandir el seguro médico.

En la mejor de las circunstancias, implementar una variedad tan amplia de leyes podría ser difícil. Pero en un Congreso tan dividido, sería imposible. Y eso tiene a los latinos, el bloque electoral que más crece en el país, preocupados de que Biden y los líderes congresuales podrían eliminar acuerdos que debiliten mucho el producto final o ni siquiera aprueben algo.

“Esta no puede ser una situación en donde una simple propuesta de ley visionaria, una propuesta de ley mensaje, se envíe al Congreso y no suceda nada con ella”, dijo Marielena Hincapié, directora del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “Hay una expectativa de que cumplirán y de que hay un mandato ahora para que Biden sea pro inmigrante sin arrepentimiento y tenga un imperativo político para hacerlo, y los demócratas también”.

Si, finalmente, los latinos se sienten traicionados, las consecuencias políticas para los demócratas podrían durar mucho tiempo. Las elecciones del 2020 tuvieron varias alertas de que, a pesar de los esfuerzos demócratas de crear una coalición multirracial, el apoyo latino podría estar en riesgo.

Biden ya causaba escepticismo entre algunos activistas latinos por su asociación con el expresidente Barack Obama, quien fue llamado el “deportador en jefe” por el número récord de inmigrantes que fueron sacados del país durante su gobierno. El senador Bernie Sanders desafió a Biden el año pasado en los caucus de Nevada y la primaria de California, que sirvieron como los primeros termómetros para el voto latino.

EVH Impresa

GALERÍA DE VIDEO

GALERÍA DE FOTOS

Video de hoy

Entrevistas con El Vocero Hispano TV: Evelyn Esparza

FOTO NOTICIAS